El precio del futuro que queremos

Por Min Zhu

(Versión en English)

Desde hace ya décadas el mundo ha estado buscando una manera de calcular el precio exacto de la contaminación. Al lograr que los precios reflejen el daño ambiental se ayudará a desacelerar la contaminación, porque se incentivará a que la gente y las empresas modifiquen su conducta y dejen de realizar actividades y elaborar productos que contaminan el planeta. Los precios reales son necesarios para que el desarrollo económico avance por una senda sustentable desde el punto de vista ambiental.

Detrás del concepto del desarrollo sustentable hay una visión ambiciosa acerca del futuro, o “El futuro que queremos”, como ha señalado Ban Ki-Moon. Se trata de una visión que abarca la vitalidad de nuestra economía mundial, la armonía de nuestra sociedad mundial, el cuidado de nuestro legado mundial.

Se trata de sentar los cimientos para que todas las personas puedan prosperar y desarrollar todo su potencial.

La mirada puesta en Río

La semana pasada la mirada del mundo estuvo puesta en Río de Janeiro, donde los que asistimos a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable Río+20 reafirmamos nuestro compromiso precisamente con ese concepto, con la idea de que debemos ir en busca del crecimiento económico, la protección ambiental y el progreso social de manera simultánea.

Porque en el camino hacia ese futuro que queremos siguen interponiéndose los problemas del medio ambiente. El cambio climático podría tener consecuencias devastadoras en el futuro, especialmente para las poblaciones más pobres y vulnerables. Tal es el caso de África, que es el continente que menos contribuye al cambio climático y que sin embargo es el que más sufre las consecuencias. Es una de las regiones que están más expuestas a los riesgos de desastres naturales. Es la región con la mayor volatilidad de precipitaciones, y la que necesita desesperadamente la lluvia para la agricultura, el crecimiento y el empleo.

Pero los problemas del medio ambiente van más allá del cambio climático. En India, por ejemplo, se estima que la contaminación proveniente de las centrales eléctricas alimentadas por carbón provoca 70.000 muertes prematuras cada año. En todo el mundo se sigue sobreexplotando la pesca de muchas especies. Y los delicados ecosistemas en muchos de nuestros bosques y humedales aún están amenazados.

No todos concuerdan con las políticas a las que se debería recurrir para hacer frente a los desafíos ambientales. Y esa es una de las razones de que tantos de nosotros estemos reunidos en Río: para mantener el diálogo y para seguir avanzando poco a poco hacia el futuro que queremos.

Si bien el Fondo Monetario Internacional no es una organización dedicada a velar por el medio ambiente, no podemos pasar por alto el tremendo sufrimiento humano y la asignación irracional de recursos que nos conduce por el camino equivocado.

Y cuando podamos, ofreceremos nuestra ayuda para encontrar soluciones; algo a lo que Christine Lagarde se refirió en más detalle la semana pasada durante su intervención en el Centro para el Desarrollo Mundial en Washington, D.C.

¿Qué incluye el precio?

Un aspecto en el que el FMI puede ayudar a promover el desarrollo sustentable es en la “determinación del precio adecuado”.

Llegar al precio adecuado significa, por ejemplo, cerciorarse de que las empresas y las personas paguen el costo verdadero que implica la contaminación de nuestro planeta. La forma óptima de determinar los costos verdaderos es mediante instrumentos fiscales, como los impuestos para la protección del medio ambiente o los sistemas de negociación de emisiones, a través de los cuales los gobiernos venden derechos de contaminación con el fin de que los daños ambientales estén reflejados en los precios que pagamos por la energía, los alimentos, el transporte, etcétera.

La determinación de los precios adecuados debe ser el aspecto fundamental de las políticas para promover el desarrollo verde, o ambientalmente sustentable.

La razón es que, como se explica en la nueva guía del FMI paras las autoridades, los instrumentos fiscales pueden ayudar a resolver dos de los desafíos más urgentes de la actualidad:

  • Primero, pueden desempeñar un papel clave en la generación de ingresos muy necesarios. En Estados Unidos, por ejemplo, un impuesto sobre el carbón de aproximadamente US$25 por tonelada de CO2 —que añadiría 22 centavos al precio del galón de gasolina— podría generar un monto equivalente a alrededor de un 1% del PIB, o más de US$1 billón en el curso de un decenio. Y, como se señala en un informe del FMI y el Banco Mundial preparado para el G-20 el año pasado, los cargos sobre las emisiones de transporte aéreo y marítimo podrían satisfacer aproximadamente una cuarta parte del compromiso asumido por los países desarrollados para movilizar US$100.000 millones anuales para el financiamiento de actividades relacionadas con el cambio climático de aquí al año 2020.
  • Segundo, los instrumentos fiscales adecuadamente focalizados constituyen, por lejos, la manera más eficaz de aprovechar las oportunidades de reducir el daño ambiental en todos los sectores de la economía. Los impuestos para la protección del medio ambiente también impulsan el desarrollo de la tecnología limpia y el despliegue de esa tecnología por parte del sector privado, como por ejemplo mediante inversiones en proyectos de energía eficiente y renovable. Estudios empíricos realizados recientemente en el FMI confirman este fenómeno.

El camino por delante

Pero en la actualidad estamos apenas aprendiendo a fijar los precios adecuados.

Más del 90% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero aún carecen de precio, solo unas pocas ciudades han empezado a experimentar con políticas que permiten aplicar cargos por el uso de vías congestionadas, y a escala mundial los agricultores no pagan los costos marginales por el uso de recursos hídricos (cada vez más escasos). Y de hecho, muchos países continúan subsidiando, en lugar de gravar, el uso de los combustibles fósiles, pese a que dichos subsidios pueden ofrecer muy poca ayuda a los miembros más pobres de la sociedad que no tienen automóviles ni acceso a la electricidad.

Pero conforme promovemos la reforma de precios, tenemos que meditar detenidamente sobre cómo se podría ayudar a los grupos vulnerables, por ejemplo, reforzando las redes de protección social, o focalizando los subsidios estrictamente en los productos que consumen los grupos más pobres.

Podemos y tenemos que hacer las cosas mejor. Todos podemos ser parte de la solución: los países ricos y pobres; los economistas, los ambientalistas y las autoridades del ámbito social; el sector público, el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones internacionales. Todos tenemos que unirnos y trabajar mancomunadamente.

Porque a fin de cuentas, todos tenemos la misma meta: lograr que este pequeño planeta al que consideramos nuestro hogar sean un mejor lugar para esta generación y para las generaciones venideras.

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