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Corrupción: Una carga oculta sobre el crecimiento

(Versión en English)

En los últimos años, la preocupación de los ciudadanos por los supuestos casos de corrupción en el sector público se ha hecho más evidente y se ha generalizado. De São Paulo a Johannesburgo, los ciudadanos han salido a las calles para protestar contra los chanchullos y, en países como Chile, Guatemala, India, Iraq, Malasia y Ucrania, transmiten un mensaje claro y contundente a sus líderes: ¡Combatir la corrupción!

Los responsables de la política económica, por su parte, también están atentos. El debate sobre la corrupción es desde hace tiempo un tema delicado en organizaciones intergubernamentales como el Fondo Monetario Internacional, pero a principios de mes, durante sus Reuniones Anuales celebradas en Lima, Perú, el FMI organizó un inusualmente sincero debate sobre esta cuestión. La mesa redonda debatió animadamente las definiciones de corrupción y sus repercusiones directas e indirectas, así como estrategias para abordarla, incluido el papel que pueden desempeñar tanto particulares como instituciones como el FMI. En este blog se da un vistazo a dicho debate.

¿Qué es la corrupción?

Definir la corrupción puede parecer sencillo y la mayoría de la gente cree saber reconocerla cuando la ve. Por ejemplo, cuando un funcionario acepta un soborno a cambio de un favor político o económico. Sin embargo, cada vez más, los expertos consideran que la corrupción va mucho más allá. Más que una simple transacción entre dos partes —como dijo uno de los panelistas—, la corrupción puede considerarse “la privatización de la política pública”. Las poderosas élites políticas y empresariales se confabulan para controlar las instituciones públicas, hacerse amos del proceso de formulación de políticas y monopolizar los contratos y adquisiciones. Otro panelista definió la corrupción con un sentido todavía más amplio como “la falta de imparcialidad del gobierno”, a raíz de lo cual el dinero público y la autoridad se utilizan de forma que perjudica el bienestar de las personas.

Los costos de la corrupción

La mayoría de la gente conoce de sobra sus costos económicos directos. Los sobornos solicitados por los proveedores de servicios afectan la consecución de resultados sociales. El soborno al fisco que reduce el ingreso público y la prestación de servicios públicos. Una escuela que no se construye por malversación de fondos. Aun así, es probable que las repercusiones económicas de los costos indirectos sean todavía más profundas. Según el análisis sobre gestión de gobierno, corrupción y desempeño económico de George T. Abed y Sanjeev Gupta (editores), la corrupción afecta negativamente al crecimiento económico, por ejemplo a través de la sobreinversión en búsqueda de renta económica, la subinversión en actividades productivas y la perpetuación de políticas ineficientes. Los costos económicos de la corrupción —que, por cierto, aqueja a países de todos los niveles de desarrollo— son considerables. Según un estudio de 2005, el costo mundial solo de los sobornos podría ascender a nada menos que 1,5 billones de dólares (en torno al 2% del PIB mundial corriente). Otros estudios muestran una fuerte correlación entre un nivel inferior de corrupción y la mejora a largo plazo del PIB per cápita y los índices de desarrollo humano. En resumen: la corrupción es una carga sobre el crecimiento y la inversión.

Asimismo, varios panelistas subrayaron que estos costos no son solo de naturaleza económica. La corrupción también contribuye a la pérdida de confianza de los ciudadanos en el gobierno, a mayor desigualdad en materia de influencia política, al deterioro de los valores públicos y, en a la larga, al desmedro del bienestar o la calidad de vida de los ciudadanos. Estos costos no económicos generan un círculo vicioso de rendimiento insuficiente del sector público, perjudicial para la economía a largo plazo.

Un enfoque amplio y polifacético

Ante la amplia perspectiva que se tiene actualmente sobre la corrupción y sus consecuencias, todos los panelistas convinieron en que para abordarla también hay que adoptar un enfoque amplio y polifacético. Un enfoque global así exige liderazgo, cambio de incentivos y el desarrollo de valores, factores que se refuerzan mutuamente.

Cómo puede ayudar el FMI

Como la corrupción repercute en la solidez de las finanzas públicas y la estabilidad de los mercados financieros —cuestiones de interés directo para el FMI—, los panelistas subrayaron el claro interés del FMI en ayudar a sus países miembros a hacer frente a la corrupción.

El FMI ayuda a desalentar la corrupción a través de una mejor formulación y transparencia de los sistemas de gestión de las finanzas públicas (véase, por ejemplo, el Código de Transparencia Fiscal del FMI) y de su respaldo a entornos económicos y reguladores más estables y transparentes, que limiten las posibilidades de trato arbitrario y preferente. En situaciones de crisis en las que la lucha contra la corrupción se considera vital para la estabilidad económica, el FMI se ha mostrado más activo. En algunos casos, ha insistido en la necesidad de reformar marcos legislativos de lucha contra la corrupción y funciones de orden público. Ejemplos de ello son Kenya, Indonesia y Ucrania.

En la mayoría de los casos, la corrupción comienza mucho antes de que se convierta en un fenómeno de importancia vital para la macroeconomía. ¿Cuán pronto debería el FMI participar más directamente en los esfuerzos para combatirla? Dados el impacto a largo plazo de la corrupción, ¿debería el debate en torno a ella integrarse en las consultas anuales del FMI con sus países miembros? El Primer Subdirector Gerente del FMI, David Lipton, reconoció que no es una pregunta fácil. Si bien los países miembros se muestran más abiertos a debatir la corrupción, este sigue siendo un tema delicado. El papel que debe desempeñar el FMI deberá ser objeto de nuevos análisis y discusiones. En cualquier caso, el Sr. Lipton recalcó que, cuando un país hace gala de auténtica voluntad política para atacar la corrupción, el FMI debería ayudarle a realizar los cambios drásticos e integrales en los marcos regulatorio y de política económica que son necesarios para limitar sin miramientos los costos de dicha carga oculta.